Mi problema no está en su misión declarada de abogar por la justicia social para las personas con todo tipo de discapacidades, sino con su demonización simplista y contraproducente de las pruebas de detección de ADN reflejadas en este artículo de opinión. Su premisa es la siguiente: en la última década, los avances tecnológicos han llevado al desarrollo de pruebas de detección genéticas simples y económicas que pueden determinar si un feto tiene un trastorno genético. Si se identifica un trastorno, y si las leyes del estado o país en el que reside la mujer embarazada lo permiten, el feto puede ser abortado. Esto es muy parecido a la amniocentesis, que es ampliamente aceptada en todo el mundo. El CCDC se enfoca en fetos con síndrome de Down (DS) para argumentar que las modernas técnicas de detección de ADN (pero no la amniocentesis) presentan un riesgo moral.
El aborto es un problema espinoso, contencioso y personal, enredado con estándares legales y morales que varían de una comunidad a otra. Lewis y Reiskin presentan un argumento moral como una puerta trasera para promover cambios en el panorama legal, y creo que lo hacen de manera poco sincera. Si tiene éxito, sus esfuerzos conducirían a recortes en los derechos de aborto y limitarán las pantallas de salud genética.
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