Los Estados Unidos ya lo hicieron esencialmente con resultados horribles entre 1932 y 1972. Los prisioneros, en su mayoría negros, fueron infectados con sífilis sin saberlo y se les negó el tratamiento: experimento de sífilis Tuskegee. Es un abuso notorio de los presos que se enseña en las clases médicas y científicas de hoy.
Incluso si hubiera presos condenados a muerte que aceptasen participar en dicha investigación, existen muchos problemas para hacerlo, como exponer a otros reclusos al VIH que no están de acuerdo. Y, aunque la pena de muerte es sin duda cruel (aunque la Corte Suprema estimó que no es cruel si se implementa de cierta manera, por ejemplo con rapidez y sin dolor), los prisioneros y los ciudadanos generalmente están protegidos del castigo cruel e inusual por la Constitución de los EE. UU.
Ser ratas de laboratorio para los científicos es potencialmente cruel, ya que podría exponer a los prisioneros no participantes al VIH. Morir una muerte potencialmente lenta al tratar el VIH con tratamientos experimentales no comprobados que fracasan podría considerarse cruel en sí mismo.
Lea sobre el experimento de sífilis Tuskegee.
El estudio de Tuskegee sobre la sífilis no tratada en el hombre negro, también conocido como Tuskegee Syphilis Study o Tuskegee Syphilis Experiment (“Tuskegee” = / tʌskiːɡiː /) [1] fue un infame estudio clínico realizado entre 1932 y 1972 por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. estudiando la progresión natural de la sífilis no tratada en hombres afroamericanos rurales en Alabama bajo el pretexto de recibir atención médica gratuita del gobierno de los Estados Unidos.
Además, mira la definición Cruel and Unusual Punishment en el diccionario gratuito.
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La Corte Suprema de los Estados Unidos ha sostenido que la pena de muerte en sí misma no es intrínsecamente cruel, pero la ha descrito como “una sanción extrema, adecuada para los crímenes más extremos” (gregg v. Georgia, 428 US 153, 96 S. Ct. 2909, 49 L. Ed. 2d 859 [1976]). Los tribunales federales y estatales han confirmado que los métodos modernos para llevar a cabo la pena de muerte, como disparos, ahorcamiento, electrocución e inyección letal, son constitucionales.