Nos guste o no, cualquier servicio prestado por otra persona es un negocio. El proveedor debe comer, debe tener equipo, debe gastar tiempo que no se puede usar en otra actividad. No importa cuánto lo desees así, eso no tiene un costo cero.
Si la atención médica es un derecho, los proveedores de atención médica deben considerarse esclavos. Sus derechos deben ser derogados para que puedan servir al derecho de otra persona.
Un paso del divorcio en realidad no cambia esto. Se postula que a los trabajadores de la salud se les pagará, en la cantidad que el gobierno indique que lo harán. Eso todavía los hace esencialmente esclavos. Otras personas se ven privadas del producto de su trabajo para pagar el “derecho” de otra persona, que puede o no tener ningún producto de trabajo para contribuir a la causa común. Aquellos que son gravados también se reducen al estado de esclavos o siervos, teóricamente para pagar el “derecho” de otra persona.
Este es el problema básico con los “derechos” positivos: deben venir a expensas de otra persona. “Derechos” por lo tanto, conflicto. Los derechos de alguien deben ser derogados para servir a los de otra persona. Esta es una receta para el conflicto eterno, y los únicos ganadores son los políticos de carrera. Los derechos negativos, como el derecho a la libertad de expresión, no tienen por qué ser a costa de nadie.
Todavía hay en los Estados Unidos algún remanente de esta realidad. La situación se ha visto entorpecida por la creciente interferencia del gobierno en la atención de la salud durante el siglo pasado, desde el Informe Flexner. Como de costumbre, las distorsiones causadas en muchos casos por la intromisión del gobierno se atribuyen en cambio al “libre mercado” que hace mucho tiempo dejó de existir en la atención de la salud.
